Uno de los mayores desafíos que presenta la humanidad en la actualidad, está relacionado con la conservación ecosistemas y de la naturaleza. Esta es clave para nuestro desarrollo, supervivencia y calidad de vida.

Sin embargo, como indica el documento del Centro de Estudio Públicos (CEP) “Conservación efectiva de la biodiversidad: 30 medidas urgentes para el 2023”, la degradación de la biodiversidad es preocupante.

Desde la década de los 70, a nivel mundial, las poblaciones de especies silvestres presentan una disminución promedio de un 69% y nuestro país no se queda atrás, ya que el 62,4% de nuestras especies clasificadas y el 49,6% de los ecosistemas terrestres se encuentran amenazados.

Ante este escenario, la conservación privada en Chile comienza a ganar espacio en los 90, como parte de un movimiento que tiene como objetivo disminuir los efectos de la degradación del bosque nativo, la destrucción de hábitat naturales y el avance de la desertificación.

Así nacen las Áreas de Protección Privadas (APP), determinadas como un espacio geográfico definido, reconocido, dedicado y gestionado mediante mecanismos legales u otro tipo de medios eficaces, para conseguir la conservación a largo plazo de la naturaleza y de sus valores culturales y servicios ecosistémicos asociados, bajo una gobernanza privada.

Si bien el término APP está incorporado en las Bases Generales del Medio Ambiente, estas áreas no son reconocidas oficialmente por el estado, aún cuando protegen un 56,8% de los pisos vegetacionales existentes, según indica el informe CEP.

¿Cómo avanzamos?

Según indica el reporte del Centro de Estudios Públicos, el marco institucional y normativo se encuentra fragmentado y delega la responsabilidad de conservación a diferentes agencias del Estado, sin promover ni reconocer la actividad realizada por los agentes privados. Además, el presupuesto destinado a estos fines es insuficiente y no cuenta con el capital humano ni físico para una llevar a cabo una acción efectiva.

Sin embargo, el 6 de septiembre de 2023 fue publicada en el Diario Oficial la Ley N° 21.600 que crea el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP) y el Sistema Nacional de Áreas Protegidas, donde se regulan las APP y se designan distintos incentivos económicos para fomentar la creación de estas.

Para seguir avanzando, es necesario establecer políticas que promuevan la conservación y restauración de la biodiversidad, disminuyan las actividades que perjudican los ecosistemas, fomenten la participación de la comunidad con especial énfasis en el valor de la naturaleza.

Las APP ofrecen una oportunidad a la necesidad de conservación de los ecosistemas y es un catalizador para que más personas e instituciones tomen este camino.